Resumen: Competencia de la jurisdicción española en los delito de falsedad. En el caso enjuiciado se considera competentes los tribunales españoles porque el hecho refiere la realización de la conducta, confeccionando, u ordenando la confección, los documentos falsos en España. Prescripción del delito de falsedad. La falsedad se cometió en el año 2008 y el documento mendaz se presentó en el año 2012, había transcurrido el plazo de prescripción que, al tiempo de los hechos, anterior a la reforma de 2010, era de tres años. Sin embargo, la condena a la acusada lo es por delito continuado de falsedad, continuación delictiva que permite agravar la pena hasta la mitad superior en grado, lo que comporta que el plazo de prescripción no sea el de tres años, sino el de cinco, que no ha transcurrido por lo que el motivo se desestima. Presunción de inocencia: el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Dilaciones indebidas, fundamento y presupuestos. Se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas al considerar que es dilatorio el plazo transcurrido desde la celebración del juicio, el 20 de noviembre de 2019, y el del dictado de la sentencia, el 31 de marzo de 2022.
Resumen: El procedimiento es de modificación sustancial de condiciones de trabajo, pese a la denominación en la demanda y en sentencia de demanda de derecho. El acceso al recurso de suplicación, es una cuestión de orden público, indisponible para las partes. Siendo el objeto del procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, procede la inadmisión del recurso, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Resumen: En instancia se declara la resolución de los contratos de compraventa de participaciones sociales y de fiducia y condena al pago de una indemnización. Apelada la sentencia, en relación con la estimación de la acción de resolución por incumplimiento de los contratos, la Sala entiende que ha resultado debidamente probado el incumplimiento por la demandada, sin que se aprecien "actos propios", según pretende la recurrente, a fin de concluir que el demandante habría hecho una suerte de dejación de sus derechos en los contratos que el demandado había incumplido, apoyándose el tribunal en la jurisprudencia sobre el valor del silencio y los consentimientos tácitos que no es trasladable al caso, ya que el mero transcurso del tiempo, sin concurrencia de otros aspectos adicionales no permite darle valor jurídico. En cuanto la montante indemnizatorio, revisadas las actuaciones, en especial los informes periciales aportados por las partes, la Audiencia reduce la cuantía fijada en la sentencia apelada, como valor de las participaciones del demandante, en el porcentaje que tenía derecho a mantener, de no haberse producido la ampliación sin su conocimiento.
